Teorias relacionadas con la contabilidad gubernamental (página 2)

Partes: 1, 2

c)  Impulsar la modernización y el
mejoramiento de la gestión pública, a
través de la optimización de los sistemas de
gestión y ejerciendo el control gubernamental con
especial énfasis en las áreas críticas
sensibles a actos de corrupción
administrativa.

d) Propugnar la capacitación permanente
de los funcionarios y servidores públicos en materias
de administración y control gubernamental. Los
objetivos de la capacitación estarán orientados
a consolidar, actualizar y especializar su formación
técnica, profesional y ética. Para dicho
efecto, la Contraloría General, a través de la
Escuela Nacional de Control, o mediante Convenios celebrados
con entidades públicas o privadas ejerce un rol
tutelar en el desarrollo de programas y eventos de esta
naturaleza. Los titulares de las entidades están
obligados a disponer que el personal que labora en los
sistemas administrativos participe en los eventos de
capacitación que organiza la Escuela Nacional de
Control, debiendo tales funcionarios y servidores acreditar
cada dos años dicha participación. Dicha
obligación se hace extensiva a las Sociedades de
Auditoría que forman parte del Sistema, respecto al
personal que empleen para el desarrollo de las
auditorías externas.

e) Exigir a los funcionarios y servidores
públicos la plena responsabilidad por sus actos en la
función que desempeñan, identificando el tipo
de responsabilidad incurrida, sea administrativa funcional,
civil o penal y recomendando la adopción de las
acciones preventivas y correctivas necesarias para su
implementación. Para la adecuada identificación
de la responsabilidad en que hubieren incurrido funcionarios
y servidores públicos, se deberá tener en
cuenta cuando menos las pautas de: identificación del
deber incumplido, reserva, presunción de licitud,
relación causal, las cuales serán desarrolladas
por la Contraloría General.

f) Emitir, como resultado de las acciones de
control efectuadas, los Informes respectivos con el debido
sustento técnico y legal, constituyendo prueba
pre-constituida para el inicio de las acciones
administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos
informes. En el caso de que los informes generados de una
acción de control cuenten con la participación
del Ministerio Público y/o la Policía Nacional,
no corresponderá abrir investigación policial o
indagatoria previa, así como solicitar u ordenar de
oficio la actuación de pericias contables.

g) Brindar apoyo técnico al Procurador
Público o al re- presentante legal de la entidad, en
los casos en que deban iniciarse acciones judiciales
derivadas de una acción de control, prestando las
facilidades y/o aclaraciones del caso, y alcanzando la
documentación probatoria de la responsabilidad
incurrida.

Interpretando a Chapi (2010)[9]; la
Contraloría General es el ente técnico rector del
Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía
administrativa, funcional, económica y financiera, que
tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y
eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al
fortalecimiento y transparencia de la gestión de las
entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de
los funcionarios y servidores públicos, así como,
contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y
con la ciudadanía para su adecuada participación en
el control social. No puede ejercer atribuciones o funciones
distintas a las establecidas en la Constitución
Política, en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y
las normas técnicas especializadas que emita en uso de sus
atribuciones.

Las entidades públicas así como las
empresas en las que el Estado tenga una participación
accionaria total o mayoritaria, tendrán necesariamente un
Órgano de Control Institucional (OCI) ubicado en el mayor
nivel jerárquico de la estructura de la entidad, el cual
constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo
el control gubernamental en la entidad.

El Titular de la entidad tiene la obligación de
cautelar la adecuada implementación del Órgano de
control institucional y la asignación de recursos
suficientes para la normal ejecución de sus actividades de
control. El citado Órgano mantiene una relación
funcional con la Contraloría General, efectuando su labor,
de conformidad con los lineamientos y políticas que para
tal efecto establezca el Organismo Superior de Control. El Jefe
del Órgano de control institucional, mantiene una
vinculación de dependencia funcional y administrativa con
la Contraloría General, en su condición de ente
técnico rector del Sistema, sujetándose a sus
lineamientos y disposiciones. En el desempeño de sus
labores, actúa con independencia técnica dentro del
ámbito de su competencia.

La designación y separación definitiva de
los Jefes de los Órganos de control institucional, se
efectúa por la Contraloría General de acuerdo a los
requisitos, procedimientos, incompatibilidades y excepciones que
establecerá para el efecto. Las entidades sujetas a
control proporcionarán personal, recursos y los medios
necesarios para el ejercicio de la función de control en
dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el
particular dicte la Contraloría General.

Las sociedades de auditoría para efectos del
control gubernamental, son las personas jurídicas
calificadas e independientes en la realización de labores
de control posterior externo, que son designadas por la
Contraloría General, previo Concurso Público de
Méritos, y contratadas por las entidades para examinar las
actividades y operaciones de las mismas, opinar sobre la
razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar
la gestión, captación y uso de los recursos
asignados. El proceso de designación y contratación
de las sociedades de auditoría, el seguimiento y
evaluación de informes, las responsabilidades, así
como su registro, es regulado por la Contraloría
General.

Los órganos del Sistema ejercen su función
de control gubernamental con arreglo a lo establecido en la
presente Ley y las disposiciones que emite la Contraloría
General para normar sus actividades, obligaciones y
responsabilidades, siendo su cumplimiento objeto de
supervisión permanente por el ente técnico rector
del Sistema.

Teoría de la
auditoría financiera gubernamental

Interpretando a Valle (2010)[10]; la
modernización del Estado en el ámbito del control
gubernamental requiere del cabal cumplimiento de la Ley del
Sistema Nacional de Control, en su proyección moderna
orientada al ejercicio de la auditoría, en todas y cada
una de las entidades conformantes del Sistema. El mandato de
nuestro desarrollo es concordar la acción de control
efectiva con la toma de decisiones oportuna, así como
proporcionar información útil y confiable para el
manejo gerencial del Estado. La auditoría moderna
evalúa y proporciona información a los Poderes del
Estado y a la opinión pública, sobre las
limitaciones, oportunidades y posibilidades de la
Administración Pública; y los resultados de su
gestión en relación con los planes, programas y
presupuestos establecidos. Determina los niveles de
economía, eficacia y eficiencia que permitirán a la
Administración Gubernamental tomar las correspondientes
decisiones. La auditoría gubernamental, por tanto, se
orienta a contribuir al establecimiento de una
organización adecuada y de los recursos necesarios para
cumplir con los objetivos y metas. En el aspecto técnico,
la auditoría gubernamental cuenta con un enfoque
procedimental concordante con los nuevos tiempos de cambio y
modernización. Desde 1972 a 1988, se contó con las
"Normas Técnicas de Auditoría", sustituidas por el
"Reglamento de las Acciones de Control", hasta el 27 de setiembre
del año 1998, fecha a partir de la cual entran en vigencia
las nuevas "Normas de Auditoría Gubernamental" (NAGU), que
viabilizan el desarrollo profesional de la auditoría
gubernamental, acorde con la modernización del Estado. Las
Normas de auditoria gubernamental (NAGU) se orientan a reforzar y
actualizar el desarrollo de la auditoría gubernamental,
propiciando la prestación de un oportuno y efectivo
servicio de la gestión pública. Permiten al auditor
gubernamental contar con un instrumento técnico que
posibilite el desarrollo de sus actividades profesionales,
acordes con los cambios de diverso orden acontecidos en el
ámbito gubernamental, tanto a nivel nacional como
mundial.

Los tiempos modernos, han convertido a la
auditoría en un elemento integral del proceso de
Respondabilidad en el sector público. Por esta
razón, el auditor gubernamental requiere contar con normas
ágiles y modernas que lo orienten y permitan que la
administración gubernamental se apoye en su labor y busque
la transparencia en su gestión. En este contexto, las NAGU
se orientan a uniformar el trabajo de la auditoría
gubernamental y a obtener resultados de calidad. Para la
Contraloría General de la República del
Perú, las Normas de Auditoría Gubernamental, que
han sido elaboradas por un equipo técnico de este
Organismo, con el aporte de diversas instancias del Sector
Público Nacional, se proyectan como uno de los
propósitos de modernizar los procedimientos de
auditoría que faciliten la auditoría gubernamental,
acordes con nuestra realidad nacional y las nuevas tendencias de
la auditoría gubernamental a nivel internacional,
así como agilizar los procedimientos de auditoría
aplicables en las entidades del Sistema Nacional de Control, vale
decir los Órganos de Control institucional (OCI). Seguro
que el esfuerzo efectuado por la Contraloría General de la
República del Perú y la aplicación de las
Normas de Auditoría Gubernamental contribuirá a una
mejor gestión del Sector Público y por ende al
desarrollo del país.

Las Normas de Auditoría Gubernamental – NAGU, son
los criterios que determinan los requisitos de orden personal y
profesional del auditor, orientados a uniformar el trabajo de la
auditoría gubernamental y obtener resultados de calidad.
Constituyen un medio técnico para fortalecer y uniformar
el ejercicio profesional del auditor gubernamental y permiten la
evaluación del desarrollo y resultados de su trabajo,
promoviendo el grado de economía, eficiencia y eficacia en
la gestión de la entidad auditada. Se fundamentan en la
Ley del Sistema Nacional de Control, su Reglamento y en las
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Las NAGA son
aplicables en su totalidad cuando se trata de una
auditoría financiera, y en lo aplicable, en una
auditoría de asuntos financieros en particular y otros
exámenes especiales. La auditoría de gestión
requiere, sin embargo, normas complementarias y
específicas para satisfacer las necesidades propias de los
citados exámenes. Los auditores deben seleccionar y
aplicar las pruebas y demás procedimientos de
auditoría que, según su criterio profesional, sean
apropiadas en las circunstancias para cumplir los objetivos de
cada auditoría. Esas pruebas y procedimientos deben
planearse de tal modo que permitan obtener evidencia suficiente,
competente y relevante para fundamentar razonablemente las
opiniones y conclusiones que se formulen en relación con
los objetivos de la auditoría. Las Normas de
Auditoría Gubernamental son de cumplimiento obligatorio,
bajo responsabilidad, por los auditores de la Contraloría
General de la República, de los Órganos de control
institucional de las entidades sujetas al Sistema y de las
Sociedades de Auditoría designadas por el organismo
superior de control. Asimismo, son de observancia, por los
profesionales y/o especialistas de otras disciplinas que
participen en el proceso de la auditoría
gubernamental.

Interpretando a Valle (2010)[11]; la
Auditoría Gubernamental es el examen objetivo,
sistemático y profesional de las operaciones financieras
y/o administrativas, efectuado con posterioridad a su
ejecución, en las entidades sujetas al Sistema Nacional de
Control, elaborando el correspondiente informe. Se debe efectuar
de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y
disposiciones especializadas emitidas por la Contraloría
General, aplicando las técnicas, métodos y
procedimientos establecidos por la profesión del contador
público. Tiene por objetivos: a. Evaluar la correcta
utilización de los recursos públicos, verificando
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. b.
Determinar la razonabilidad de la información financiera.
c. Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos
previstos y los resultados obtenidos en relación a los
recursos asignados y al cumplimiento de los planes y programas
aprobados de la entidad examinada. d. Recomendar medidas para
promover mejoras en la gestión pública. e.
Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada.
Corresponde ejercer la Auditoría Gubernamental a los
auditores de la Contraloría General de la
República, de los OCI de las entidades sujetas al Sistema
Nacional de Control y de las Sociedades de Auditoría
designadas. El auditor gubernamental es el profesional que
reúne los requisitos necesarios para el ejercicio del
trabajo de auditoría en las entidades sujetas al Sistema
Nacional de Control, aplicando las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas – NAGA, las Normas Internacionales de
Auditoría – NIA y las presentes Normas de Auditoría
Gubernamental – NAGU.

Interpretando a Valle (2010)[12]; el
objetivo de la auditoría financiera o auditoria a los
estados financieros de una entidad gubernamental es determinar si
sus estados financieros, presentan razonablemente su
situación financiera, los resultados de sus operaciones y
flujos de efectivo, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados. La opinión del auditor fortalece
la credibilidad en los estados financieros; sin embargo, los
usuarios de tales estados no pueden suponer que la opinión
del auditor representa una seguridad sobre la continuidad futura
viabilidad de la entidad, así como respecto de la
eficiencia o efectividad con que la administración conduce
sus actividades. El auditor debe realizar su examen de acuerdo
con las normas de auditoría generalmente aceptadas-NAGA's,
las normas de auditoría gubernamental-NAGU emitidas por la
Contraloría General de la República, las normas
internacionales de auditoría-NIA's publicadas por la
Federación Internacional de Contadores-IFAC y, los
pronunciamientos profesionales vigentes en el
Perú.

Los estados financieros son responsabilidad de la
administración. Esta responsabilidad incluye el
mantenimiento de registros contables y controles internos
adecuados, la selección y aplicación de
políticas contables apropiadas, el desarrollo de
estimaciones contables y la protección de los activos de
la entidad. La responsabilidad del auditor es proporcionar una
seguridad razonable de que los estados financieros han sido
presentados adecuadamente en todos sus aspectos materiales e
informar sobre ellos. Los estados financieros proveen
información en torno a la situación financiera y
los resultados de las operaciones de la entidad. Los datos
consignados en tales estados son las representaciones de la
administración, de manera explícita o
implícita. Estas son conocidas como aseveraciones sobre
los estados financieros, las que pueden categorizarse de la forma
siguiente: i) integridad: no existen activos, pasivos o
transacciones no registradas que requieran reconocimiento en los
estados financieros; ii) existencia o validez : el activo
o pasivo señalado, existen a una fecha dada; iii)
exactitud : los detalles de los activos, pasivos y
transacciones se han registrado y procesado apropiadamente y
fueron emitidos correctamente en informes, con relación a
parte, fecha, descripción, cantidad y precio; iv)
valuación : los activos y los pasivos se han
registrado a un valor apropiado en libros; v) propiedad :
la entidad tiene los derechos de propiedad, con relación a
los activos revelados en los estados financieros y los pasivos
representan adecuadamente las obligaciones de la entidad; vi)
presentación y revelación: la
información se revela, clasifica y describe de conformidad
con políticas contables y el marco legal correspondiente,
en lo que sea aplicable.

La auditoría practicada de acuerdo al marco
normativo antes mencionado, se diseña para proporcionar
una certidumbre razonable de que los estados financieros tomados
en conjunto están libres de distorsiones materiales. El
concepto de certidumbre razonable es asociado, generalmente, a la
acumulación de evidencias de auditoría en el grado
necesario, para que el auditor llegue a la conclusión de
que no existen distorsiones materiales en los estados financieros
tomados en conjunto.

Todas las auditorías se planean y realizan con
una actitud de escepticismo profesional. Esto significa que el
auditor no supone que la gerencia es deshonesta, ni tampoco
supone una honestidad incuestionable. Se reconoce la necesidad de
realizar una evaluación objetiva de las condiciones que
observa el auditor y de la evidencia que obtiene para formarse
una opinión, sobre si los estados financieros carecen de
errores o irregularidades de importancia relativa.

Los saldos de las cuentas que se muestran en los estados
financieros, representan el resultado neto de los asientos
contables elaborados para registrar las transacciones y otros
eventos que requieren reconocimiento durante un período
determinado. Por lo tanto, en adición al registro de
transacciones, los asientos registran las estimaciones contables
y las transferencias que tienen características
comunes.

Las transacciones rutinarias son aquellas que realiza la
entidad diariamente tales como compras, pagos o ingresos en
efectivo, según los casos. Estas por su naturaleza son
numerosas, recurrentes, pueden medirse objetivamente y son
procesadas de forma similar cada vez que ocurren. Por lo general,
el registro, procesamiento e información en la entidad de
tales transacciones se encuentra automatizado y requiere muy poca
o ninguna intervención manual.

El riesgo de errores de importancia relativa en las
transacciones rutinarias procesadas de manera sistemática
es bajo, debido a que los controles internos son efectivos. Por
esta razón, el auditor debe considerar dicha
situación al diseñar las pruebas relacionadas con
el cumplimiento de los objetivos de la
auditoría.

Las transacciones no rutinarias tienen un
carácter extraordinario, debido a su naturaleza o volumen
o, por que su ocurrencia es poco frecuente; tal es el caso de los
asientos de diario reflejados al final del ejercicio. Tales
transacciones incluyen transacciones ajenas a las actividades
rutinarias de la entidad y asientos contables ajenos al curso
normal de las actividades, entre otras. El riesgo inherente
relacionado con transacciones no rutinarias, generalmente, es
más alto que con respecto a los objetivos de
auditoría concernientes a transacciones rutinarias. Esto
es explicable dado que puede existir una mayor
intervención manual en la recopilación y
procesamiento de la información, una mayor necesidad de
criterio para determinar los montos o, es posible que se hayan
realizado cálculos complejos o también, aplicado
principios contables con la misma
característica.

Las estimaciones contables están representadas
por asientos contables que provienen de la entidad, muchos de los
cuales tienen efectos significativos sobre sus estados
financieros. Se basan con frecuencia en cálculos que
utilizan datos provenientes del sistema de información de
la entidad y requieren juicio apropiado para su ejecución.
Por ejemplo, el cálculo de la depreciación puede
realizarse en forma rutinaria; sin embargo, la
determinación de la vida útil de los activos, el
método de depreciación a utilizar y los valores de
recuperación, requieren de los juicios de la
administración. El riesgo de que ocurran errores o
irregularidades significativas en relación a estimaciones
contables es alto, debido a que: i) la incertidumbre relativa a
juicios y presunciones necesarias para ejecutar las estimaciones
aumenta el riesgo inherente; y, ii) la naturaleza subjetiva de
algunos aspectos de las estimaciones puede dificultar a la
administración establecer un control interno
adecuado.

En muy pocas oportunidades es posible obtener evidencia
concluyente de auditoría que muestre que los estados
financieros de la entidad auditada carecen de errores o
irregularidades de importancia relativa. Por esta razón,
el riesgo de auditoría se refiere al hecho que al examinar
parte de la información disponible, en vez de toda, existe
el riesgo de que inadvertidamente el auditor emita un informe que
exprese una opinión de auditoría sin salvedades
sobre estados financieros afectados por una distorsión
material. El riesgo de auditoría tiene tres componentes:
riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.
El riesgo inherente se refiere a la posibilidad de que un saldo
de cuenta o una clase de transacciones hayan sufrido distorsiones
que puedan resultar materiales individualmente o al acumularse
con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones,
por no haber estado implementados los controles internos
correspondientes. El riesgo inherente resulta de los factores
internos, presiones y las fuerzas externas que afectan a la
entidad. Generalmente, la administración requiere de
información financiera confiable para la gestión y
control de la entidad. Por lo tanto, la gerencia establece
controles internos para protegerse de errores o irregularidades
en los datos que pueden derivar en la toma de decisiones
erróneas y provocar la pérdida de activos. El
riesgo de que el control interno no pueda prevenir o detectar y
corregir, errores e irregularidades significativas se denomina
riesgo de control. Para lograr los objetivos de auditoría
el auditor selecciona los procedimientos sustantivos necesarios
para obtener evidencia de auditoría, en torno a sí
las aseveraciones de los estados financieros carecen de errores e
irregularidades significativas. Por lo tanto, el riesgo de no
detección se refiere al riesgo de que los procedimientos
sustantivos de auditoría no detecten tales errores e
irregularidades significativas.

Para el mejor entendimiento de la práctica de la
auditoría financiera se ha considerado dividir ésta
en tres fases: i) Planeamiento; ii) Ejecución; e, iii)
Informe.

el1.09.98 AUDITORIA FINANCIERA

Planeamiento

Esta fase se inicia con la comprensión de las
operaciones de la entidad a ser examinada, así como
implica la realización de procedimientos de
revisión analítica y el diseño de las
pruebas de materialidad. Estas actividades implican reunir
información que nos permita llevar a cabo una
evaluación apropiada del riesgo de auditoría.
Mediante la comprensión del ambiente de control, sistema
de contabilidad, procedimientos de control, ambiente SIC
(sistemas de información computarizada) y auditoría
interna, podemos evaluar el riesgo inherente y el riesgo de
control a nivel de cuentas; después de lo cual es
elaborado el memorándum de planeamiento (también es
denominado memorándum de planificación) que resume
la información reunida y se preparan los programas de
auditoría específicos.

Ejecución

Si al preparar el memorándum de planeamiento,
decidimos confiar en los controles, generalmente, efectuamos
pruebas de controles y pruebas de cumplimiento y, según
los casos, se realizan pruebas sustantivas, consistentes en
pruebas sustantivas de detalle, procedimientos analíticos
o una combinación de ambos. Para arribar a la
conclusión de si nuestro alcance de auditoría fue
suficiente y los estados financieros no tienen errores
materiales, deben considerarse factores cuantitativos o
cualitativos, al evaluar los resultados de las pruebas y los
errores detectados al realizar la auditoría. Parte del
procedimiento implica la revisión de los estados
financieros, para determinar si tales estados, en conjunto, son
coherentes con la información obtenida y fueron
presentados debidamente y la comunicación de hallazgos de
auditoría a la entidad examinada.

Informe

Antes de concluir la auditoría se efectúa
la revisión de los eventos subsecuentes, evaluación
de carta de abogados y se obtiene la carta de
representación de la administración y se prepara el
memorándum de conclusiones. Finalmente, es elaborado el
dictamen sobre los estados financieros, el dictamen sobre la
información financiera para la Cuenta General de la
República el informe sobre la estructura de control
interno y las observaciones, conclusiones y recomendaciones de
control interno financiero resultantes de la auditoría;
elementos que en su conjunto integran el informe de
auditoría financiera.

Entidades del sector
público

Interpretando a Álvarez
(2011)[13]; el sector público es el
conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el
Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad
expresada en las leyes del país. Esta clasificación
incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos
autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan
alguna actividad económica en nombre del Estado y que se
encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca todas
aquellas actividades que el Estado (Administración local y
central) poseen o controlan. El Estado son las instituciones de
los diferentes poderes y el Gobierno las autoridades del poder
ejecutivo. El papel y el volumen del sector público
dependen en gran parte de lo que en cada momento se considera
interés público; ello requiere definir con
antelación el ámbito de ese interés general.
Lo normal es que el sector público constituya un elevado
porcentaje de la economía de un país e influya
sobre la actividad socio económico global. Por ejemplo, el
Gobierno puede limitar el crecimiento de los salarios de los
funcionarios para evitar aumentos de la inflación,
realizando así una política de precios y rentas
extraoficial o informal. El sector público es constituido
por el ejecutivo, legislativo y el judicial y está al
servicio de todos y cada uno de los ciudadanos.

El sector público está compuesto por el
nivel nacional que son todas las instituciones dirigidas desde el
poder central para todo el país, y el nivel territorial o
regional que son las ubicadas en la provincia, estado o
departamento, municipio, ciudad o localidad. Por ejemplo el poder
ejecutivo del nivel nacional es dirigido por el Jefe de Estado,
Presidente o Primer Ministro, quien tiene a su cargo todas las
políticas administrativas de la nación, y el
compromiso de hacer cumplir el ordenamiento legal para lo cual se
sirve de todos los ministerios e instituciones que de ellos
dependen. En cambio en el nivel territorial los gobernadores y
los alcaldes lideran las políticas regionales de las zonas
que les corresponde. El Poder legislativo está en el
Parlamento nacional constituido por el Senado o Cámara
Alta (de los Lores en Gran Bretaña) y en muchos
países además por la Cámara Baja (de los
Comunes en Gran Bretaña) o de Representantes de las
regiones. Tienen la misión de estudiar y proferir las
leyes, que deben estar sujetas a la Constitución
Nacional.

El Poder Judicial está constituido por la Suprema
Corte, en algunos países por otras Altas Cortes como
Constitucional o la del Estado, y todos los juzgados del
país. Su misión es calificar el cumplimiento de
todo tipo de normas y sancionar o penalizar su incumplimiento a
todos los habitantes y las personas naturales (individuos) o
jurídicas (empresas). Adicional a los tres poderes hacen
parte del sector público las instituciones
autónomas independientes que normalmente son de control de
la función de los mismos funcionarios del Estado. En
muchos países se cuentan entre ellas las
contralorías, Ministerio Público
(Procuraduría, Defensoría del Pueblo),
Fiscalía y autoridades electorales. En algunos
países puede que la Procuraduría y la
Fiscalía estén fusionadas.

Una de las características de los funcionarios
públicos es que están remunerados con las
contribuciones tributarias o impuestos y otra es que solo pueden
desempeñar las tareas que están expresamente
encargadas a su labor.

Según la Ley No. 29158 -Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo- las autoridades, funcionarios y servidores del
Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución
Política del Perú, a las leyes y a las demás
normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus
funciones dentro de las facultades que les estén
conferidas. Las entidades del Poder Ejecutivo están al
servicio de las personas y de la sociedad; actúan en
función de sus necesidades, así como del
interés general de la nación, asegurando que su
actividad se realice con arreglo a: 1. Eficacia: la
gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los
objetivos y las metas gubernamentales. 2. Eficiencia: la
gestión se realiza optimizando la utilización de
los recursos disponibles, procurando innovación y
mejoramiento continuo. 3. Simplicidad: la gestión elimina
todo requisito y procedimiento innecesario. Los procesos deben
ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue
cumplir. 4. Sostenibilidad ambiental: la gestión se
orienta al uso racional y sostenible de los recursos naturales.
5. Predictibilidad: la gestión brinda información
veraz, completa, confiable y oportuna, que permita conciencia
bastante certera acerca del resultado de cada procedimiento. 6.
Continuidad: la gestión adopta como referentes de
actuación las políticas de Estado acordadas,
así como los objetivos y metas de planeamiento y
programación multianual establecidos. 7. Rendición
de cuentas: los responsables de la gestión dan cuenta
periódicamente, a la población, acerca de los
avances, logros, dificultades y perspectivas. 8.
Prevención: gestión para enfrentar los riesgos que
afecten la vida de las personas, y para asegurar la
prestación de los servicios fundamentales. 9. Celeridad:
la gestión debe asegurar que todo procedimiento cumpla su
trámite regular dentro de los plazos establecidos,
evitando actuaciones que dificulten su desenvolvimiento, bajo
responsabilidad.

El Poder Ejecutivo afirma los derechos fundamentales de
las personas y el ejercicio de sus responsabilidades, procurando:
1. Inclusión: la gestión promueve la
incorporación económica, social, política y
cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las
personas con discapacidad de cualquier tipo que limita su
desempeño y participación activa en la sociedad. 2.
Equidad: la gestión promueve la igualdad de todas las
personas en el acceso a las oportunidades y beneficios que se
derivan de la prestación de servicios públicos y de
la actividad pública en general. Las personas tienen
derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder
Ejecutivo, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
Para ello, las entidades del Poder Ejecutivo actúan de
manera que las personas tengan acceso a información,
conforme a ley.

Las entidades del Poder Ejecutivo: 1. Se organizan en un
régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda,
sobre la base de funciones y competencias afines, evitando la
duplicidad y superposición de funciones. 2. Coordinan y
cooperan de manera continua y permanente con los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales en el marco de la Ley y la
Constitución Política del Perú. 3. Se
relacionan con los otros Poderes del Estado y Organismos
autónomos, con arreglo a la Constitución
Política del Perú y la ley. 4. Ejercen con
imparcialidad y neutralidad los poderes que les han sido
conferidos.

El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir
funciones y atribuciones que son cumplidas por los otros niveles
de gobierno. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias
exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y
atribuciones inherentes a ellas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece los
principios y las normas básicas de organización,
competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte del
Gobierno Nacional; las funciones, atribuciones y facultades
legales del Presidente de la República y del

Consejo de Ministros; las relaciones entre el Poder
Ejecutivo y los Gobiernos Regionales y Locales; la naturaleza y
requisitos de creación de Entidades Públicas y los
Sistemas Administrativos que orientan la función
pública, en el marco de la Constitución
Política del Perú y la Ley de Bases de la
Descentralización.

El Poder Ejecutivo está integrado por: 1. La
Presidencia de la República. 2. El Consejo de Ministros.
3. La Presidencia del Consejo de Ministros. 4. Los Ministerios.
5. Entidades Públicas del Poder Ejecutivo. Los ministerios
y las entidades públicas ejercen sus funciones en
respuesta a una o varias áreas programáticas de
acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de
las funciones primordiales del Estado y para el logro de sus
objetivos y metas. Todas las entidades públicas del Poder
Ejecutivo se encuentran adscritas a un Ministerio o a la
Presidencia del Consejo de Ministros.

En su organización interna, toda entidad del
Poder Ejecutivo aplica las siguientes normas: 1. Las normas de
organización y funciones distinguen aquellas que son
sustantivas de cada entidad de aquellas que son de
administración interna; y establecen la relación
jerárquica de autoridad, responsabilidad y
subordinación que existe entre las unidades u
órganos de trabajo. 2. Los órganos de línea
ejercen las funciones sustantivas y su estructura no incluye
unidades de administración interna. Realizan sus funciones
coordinando con los respectivos niveles de gobierno. 3. Son
funciones de la administración interna las relacionadas
con actividades tales como planeamiento, presupuesto,
contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de
información y comunicación, asesoría
jurídica, gestión financiera, gestión de
medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los
reglamentos especifican las características de cada
función, su responsable y la proporción de recursos
humanos asignados. 4. Las funciones de administración
interna se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones
sustantivas. Están referidas a la utilización
eficiente de los medios y recursos materiales, económicos
y humanos que sean asignados. 5. Todas las entidades del Poder
Ejecutivo deben contar con documentos de gestión que
cumplan estos criterios.

El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias
exclusivas: 1. Diseñar y supervisar políticas
nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento
obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los
niveles de gobierno. Las políticas nacionales definen los
objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos
principales de las políticas públicas, los
estándares nacionales de cumplimiento y la
provisión de servicios que deben ser alcanzados y
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las
actividades públicas y privadas. Las políticas
nacionales conforman la política general de gobierno.
Política sectorial es el subconjunto de políticas
nacionales que afecta una actividad económica y social
específica pública o privada.

Las políticas nacionales y sectoriales consideran
los intereses generales del Estado y la diversidad de las
realidades regionales y locales, concordando con el
carácter unitario y descentralizado del gobierno de la
República. Para su formulación el Poder Ejecutivo
establece mecanismos de coordinación con los gobiernos
regionales, gobiernos locales y otras entidades, según
requiera o corresponda a la naturaleza de cada política.
El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales
del Estado es de responsabilidad de las autoridades del Gobierno
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos
locales.

De acuerdo con la Ley Nº 28112-Ley marco de la
Administración Financiera del Sector Público-la
administración financiera del sector público se
regula por esta Ley, por las leyes de los sistemas que la
conforman, por sus normas complementarias y supletoriamente por
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. La Administración Financiera del Sector
Público está constituida por el conjunto de
derechos y obligaciones de contenido económico financiero
cuya titularidad corresponde al Estado, a través de las
entidades y organismos encargados de su administración
conforme a Ley. La Administración Financiera del Sector
Público está orientada a viabilizar la
gestión de los fondos públicos, conforme a las
disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el
adecuado funcionamiento de sus sistemas conformantes,
según las medidas de política económica
establecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual.
Son principios que enmarcan la Administración Financiera
del Estado la transparencia, la legalidad, eficiencia y eficacia.
El Presupuesto Público asigna los fondos públicos
de acuerdo con las prioridades de gasto determinadas para el
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco del
Planeamiento Estratégico de las entidades del Sector
Público y la disponibilidad de ingresos programada. El
Presupuesto Público asigna los fondos públicos de
acuerdo con los objetivos y prioridades de gasto determinadas en
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en los planes
estratégicos de las entidades del Sector Público y
la disponibilidad de ingresos programada. Las entidades del
Sector Público sólo pueden ejecutar ingresos y
realizar gastos conforme a Ley. Cualquier demanda adicional no
prevista se atiende únicamente con cargo a las
asignaciones autorizadas en el respectivo Presupuesto
Institucional. EI Tesoro Público centraliza, custodia y
canaliza los fondos y valores de la Hacienda Pública. El
Endeudamiento Público permite obtener financiamiento
externo e interno para atender parte de los requerimientos
establecidos en el Presupuesto del Sector Público, acorde
con la capacidad de pago del país o de la entidad
obligada. La Contabilidad Pública consolida la
información presupuestaria y patrimonial de las entidades
y organismos del Sector Público para mostrar el resultado
integral de la gestión del Estado a través de la
Cuenta General de la República. La Administración
Financiera del Sector Público se sujeta a la regla de la
centralización normativa y descentralización
operativa en un marco de integración de los sistemas que
la conforman.

La mencionada Ley, tiene por objeto modernizar la
administración financiera del Sector Público,
estableciendo las normas básicas para una gestión
integral y eficiente de los procesos vinculados con la
captación y utilización de los fondos
públicos, así como el registro y
presentación de la información correspondiente en
términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes y
funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y
transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad
macroeconómica.

Están sujetos al cumplimiento de la presente Ley,
de las respectivas leyes, normas y directivas de los sistemas
conformantes de la Administración Financiera del Sector
Público, los organismos y entidades representativos de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como el
Ministerio Público, los conformantes del Sistema Nacional
de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, la
Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la
Contraloría General de la República, las
Universidades Públicas, así como las
correspondientes entidades descentralizadas. También
están comprendidos los Gobiernos Regionales a
través de sus organismos representativos, los Gobiernos
Locales y sus respectivas entidades descentralizadas. Igualmente
se sujetan a la Ley, las personas jurídicas de derecho
público con patrimonio propio que ejercen funciones
reguladoras, supervisoras y las administradoras de fondos y de
tributos y toda otra persona jurídica donde el Estado
posea la mayoría de su patrimonio o capital social o que
administre fondos o bienes públicos. En el contexto de la
Ley entiéndase con la denominación genérica
de entidades y organismos a todos aquellos mencionados en los
párrafos precedentes.

La Administración Financiera del Sector
Público comprende el conjunto de normas, principios y
procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman y, a
través de ellos, por las entidades y organismos
participantes en el proceso de planeamiento, captación,
asignación, utilización, custodia, registro,
control y evaluación de los fondos públicos. La
Administración Financiera del Sector Público
está constituida por sistemas, con facultades y
competencias que la Ley y demás normas específicas
les otorga, para establecer procedimientos y directivas
necesarios para su funcionamiento y operatividad. La autoridad
central de los sistemas conformantes de la Administración
Financiera del Sector Público es el Ministerio de
Economía y Finanzas, y es ejercida a través del
Viceministro de Hacienda quien establece la política que
orienta la normatividad propia de cada uno de los sistemas que lo
conforman, sobre la base de las propuestas que formule el
Comité de Coordinación. Los sistemas integrantes de
la Administración Financiera del Sector Público y
sus respectivos órganos rectores, son los siguientes:
Sistema Nacional de Presupuesto: Dirección Nacional del
Presupuesto Público; Sistema Nacional de Tesorería:
Dirección Nacional del Tesoro Público; Sistema
Nacional de Endeudamiento: Dirección Nacional del
Endeudamiento Público, y Sistema Nacional de Contabilidad:
Dirección Nacional de Contabilidad
Pública.

La Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado
u operativo en las entidades y organismos del Sector
Público, con el cual se vinculan e interactúan los
órganos rectores de la Administración Financiera
del Sector Público. Para efectos de la presente Ley, se
entenderá como Unidad Ejecutora, aquella dependencia
orgánica que cuenta con un nivel de
desconcentración administrativa que: Determine y recaude
ingresos; Contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con
arreglo a la legislación aplicable; Registra la
información generada por las acciones y operaciones
realizadas; Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas;
Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o
se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. El
Titular de cada entidad propone al Ministerio de Economía
y Finanzas, para su autorización, las Unidades Ejecutoras
que considere necesarias para el logro de sus objetivos
institucionales.

 

 

Autor:

Domingo Hernandez Celis

 

[1] VALDIVIA Delgado, Cesar A. (2011)
Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. Lima.
Editado por el Centro de Estudios gubernamentales.

[2] VALDIVIA Delgado, Cesar A. (2011)
Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. Lima.
Editado por el Centro de Estudios gubernamentales.

[3] VALDIVIA Delgado, Cesar A. (2011)
Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. Lima.
Editado por el Centro de Estudios gubernamentales.

[4] VALDIVIA Delgado, Cesar A. (2011)
Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. Lima.
Editado por el Centro de Estudios gubernamentales.

[5] VALDIVIA Delgado, Cesar A. (2011)
Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. Lima.
Editado por el Centro de Estudios gubernamentales.

[6] CHAPI Choque, Pedro Pablo (2010)
Contabilidad financiera gubernamental y estados financieros
para la mejora continua institucional. Lima. CECOF Asesores.
Primera Edición.

[7] CHAPI Choque, Pedro Pablo (2010)
Contabilidad financiera gubernamental y estados financieros
para la mejora continua institucional. Lima. CECOF Asesores.
Primera Edición.

[8] CHAPI Choque, Pedro Pablo (2010)
Contabilidad financiera gubernamental y estados financieros
para la mejora continua institucional. Lima. CECOF Asesores.
Primera Edición.

[9] CHAPI Choque, Pedro Pablo (2010)
Contabilidad financiera gubernamental y estados financieros
para la mejora continua institucional. Lima. CECOF Asesores.
Primera Edición.

[10] VALDIVIA Delgado, Cesar A. (2010)
Contabilidad gubernamental. Lima. Editado por el Centro de
Estudios gubernamentales.

[11] VALDIVIA Delgado, Cesar A. (2010)
Contabilidad gubernamental. Lima. Editado por el Centro de
Estudios gubernamentales.

[12] Ibídem.

[13] ALVAREZ Illanes, Juan Francisco (2011)
Análisis e interpretación de los estados
financieros, presupuesto de caja y gerencia financiera en el
sector público. Lima. Pacífico Editores